1990- 2000 1.Se obtuvo el Pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativa que declaro nulo por ilegal la Resolución D.M.92 de 4 de marzo de 1993; y expedida por el Despacho Superior del Ministerio, que revoco la Resolución DIGE (Dirección General de Empleo) Nº 10.92 de 29 de diciembre de 1992 que resolvía el problema en cuanto a la división de los beneficios económicos, estableciendo el 50% de esos ingresos para cada sindicato UNAP – SITMAS. 2. El nombramiento y reactivación de la Comisión Evaluadora como lo establece el Decreto Nº28 de 12 de agosto de 1985, durante los siguientes periodos 12 de junio 1998; 14 de julio de 1999.

1993. 10 mayo 1993, Se recurrió a la Sala Tercera Contenciosa Administrativa de la Corte Suprema de Justicia para reparar una injusticia proferida por las autoridades del MITRAB contenida en la Resolución NºDM-52 de 4 de marzo de 1993 que establecía criterios de clasificación entre los músicos y artistas y en función de ello distribuía ya sea a nuestro gremio o a la UNAP, la correspondiente suma económica derivada de la Ley Nº10 de 1974. La acción legal se fundamento en la existencia de privilegios, favoritismos, así como violaciones a la Ley Nº10 de 1974, el Decreto Nº38 de 1985, a su vez se solicito el restablecimiento de la formula del 50% o sea que tanto el SITMAS como la UNAP se le entregaran los beneficios económicos de las presentaciones de los extranjeros en partes iguales lo cual estaba recogido en la Resolución Nº DIGE-10-92 de 29 de diciembre de 1992.

1994      Decreto Nº28 del 12 de junio de 1994, se modifica el articulo tercero del Decreto Ejecutivo Nº38 de 12 de agosto de 1985, que se refiere a la presentación del talento extranjero en virtud de convenios e intercambios culturales entre los estados, refiriéndose principalmente al genero del llamado arte clásico en unidades artísticas como solistas, conjuntos de cámara, orquesta sinfónica y filarmónicas, coros, operas, ballet y demás agrupaciones artísticas que fueran presentadas por el estado extranjero o asociaciones sin fines de lucro en la Republica de Panamá.

(Esto una vez más fue una agresión por parte de las autoridades de turno del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social desde el punto de vista laboral (limitación del mercado laboral del músico nacional y la economía de los sindicatos al exonerar el pago del 5% y la cuota de paso de la contratación) como lo establece la ley Nº10 de 1974). Provoca serias y nuevas controversias y discrepancias entre el MITRADEL y sindicatos en cuanto a la objetividad establecida en la Ley, de dar traslado para la emisión de opiniones los contratos de artistas y músicos tanto extranjeros como nacionales, y el número folclórico.

1994. 15 de diciembre de 1994, el SITMAS se pronuncia por escrito a las autoridades y denuncia el exabrupto legal producido y señala los daños y perjuicios desde el punto de vista laboral, así como económico a los músicos individualmente y colectivamente a los sindicatos por la expedición del Decreto Nº28 de 12 de julio de 1994. 1995. 5 de abril de 1995, Se entrega el Proyecto de Carnaval 1996 del SITMAS, al Director General del IPAT (Instituto Panameño de Turismo).

1995. Decreto Ejecutivo Nº19 de 19 de julio de 1999, se modifica el articulo sexto del decreto Ejecutivo Nº38 de 12 de agosto de 1985, en cuanto a los requisitos para la presentación de la documentación relacionada con la contratación del talento extranjero y nacional.

1998. 12 de junio de 1998, Resolución del Despacho Ministerial D/M, en cumplimiento de los mandatos de la Ley Nº10 de 1974, se designa a los miembros o personas que integran la Comisión Evaluadora. Dicha medida hasta la fecha a resultado inoperante por la alta dosis de voluntad política, negligencia y omisión en la función de la mayoría de los funcionarios que tienen que ver con el desarrollo y ejecución de los mandatos de la Ley Nº10 de 1974.

1999. 14 de julio de 1999, Resolución del Despacho Ministerial D/M, en cumplimiento de los mandatos de la Ley Nº10 de 1974, se designa a los miembros o personas que integran la Comisión Evaluadora. Dicha medida hasta la fecha a resultado inoperante por la alta dosis de voluntad política, negligencia y omisión en la función de la mayoría de los funcionarios que tienen que ver con desarrollo y ejecución de los mandatos de la Ley Nº10 de 1974.